Corte suprema de justicia sala de casación laboral



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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL



JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

Magistrado Ponente

STL2713-2014

Radicación no 35504

Acta no 7

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil catorce (2014).



Se pronuncia la Corte sobre la acción de tutela interpuesta por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA -COMFENALCO contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ, trámite al que fue vinculado el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad.




I-. ANTECEDENTES

1-. La peticionaria presentó acción de tutela en contra del tribunal accionado, al considerar que este le vulneró sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso y a la igualdad, con la decisión proferida en segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral que instauró el señor Carlos Gustavo Casasbuenas Díaz en su contra.

De su escrito de acción se extrae, que en el citado proceso el demandante reclamó que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido a partir del 12 de febrero de 2002, junto con el derecho al reconocimiento y pago de la nivelación salarial, teniendo en cuenta para ello lo percibido por la doctora Constanza Eugenia Riaño Alvira.



Explica que del proceso conoció el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Ibagué, el cual, una vez adelantadas las correspondientes etapas, dictó sentencia el 7 de marzo de 2013 en la que negó la totalidad de las pretensiones, para lo cual se apoyó en reiterada jurisprudencia, que indica que existen factores objetivos que justifican la diferenciación salarial.
Inconforme el demandante con la decisión, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto en providencia del 22 de octubre de 2013, en la que se revocó parcialmente el fallo de primera instancia y, en su lugar, se impuso el pago de $29.839.490 por concepto de salarios insolutos, $1.905.102 por vacaciones, $2.542.990 por prima de servicios, $6.202.900 por auxilio de cesantías, $305.159 por intereses y la indexación.
Censura la determinación del juez colegiado, con la que estima se desconocieron sus derechos fundamentales, por cuanto, pese a encontrarse demostrado que la diferencia entre lo devengado por el demandante y la persona frente a la cual reclamó la nivelación, surgía de factores especiales objetivos como el tiempo de servicio, la experiencia, las actividades desempeñadas y las condiciones y época en la que cada uno ingresó, en donde existe una diferencia de 24 años; situaciones estas que justificaban su proceder, ello fue desestimado, bajo el entendido que eran elementos subjetivos que resultaban insuficientes para prohijar la diferencia de salarios.
Indica además que en dicha providencia se invocó lo manifestado por esta Sala de la Corte en sentencia del 17 de abril de 2012, radicado 34746, en la cual, contrario a lo concluido por el Tribunal, se estableció que «los factores como la antigüedad en un cargo que como consecuencia traen experiencia y eficiencia, son objetivos; y sí son tenidos en cuenta de vieja data por la Corte para la diferenciación salarial, sin que se predique en estos casos, que existe discriminación alguna», por lo que se desconoció abiertamente y sin justificación, el precedente judicial.
Por lo anterior, solicita la tutela de sus derechos invocados y, como consecuencia de ello, se deje sin valor y sin efectos la sentencia proferida por la Sala Judicial accionada el 20 de octubre de 2013, ordenando en su lugar, que «desate nuevamente la alzada en el proceso en cuestión, respetando esta vez, el precedente judicial correspondiente a las múltiples sentencias proferidas en casos similares y que constituyen una línea jurisprudencial».

2-. Mediante auto de 26 de febrero de 2014, esta Sala de la Corte admitió la acción tutela, ordenó notificar a las autoridades accionadas e informar a los demás intervinientes en el proceso que originó la presente acción, con el fin de que ejercieran el derecho de defensa y contradicción.
Dentro del término de traslado las partes no realizaron pronunciamiento alguno en relación con los hechos que motivaron la interposición de la presente acción constitucional.
II-. CONSIDERACIONES

La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales.
Esta Sala de la Corte ha sido del criterio que no procede la tutela contra providencias o sentencias judiciales, atendiendo los principios de la cosa juzgada, la independencia y autonomía de los jueces, y entre otras razones fundamentales, por ausencia de base normativa.
Sobre la premisa de ausencia de norma positiva la Sala sostuvo la tesis de la improcedencia de la tutela contra providencias judiciales. Pero esta carencia ha sido suplida por la jurisprudencia de modo que hoy no es posible desconocer su arraigo y afianzamiento en todas las jurisdicciones, en especial, en las otras salas de nuestra Corporación; esta realidad impone morigerar aquella postura, cuando en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales.
La prosecución de la eficacia de los derechos fundamentales ha de acompasarse con otros valores del Estado de derecho, en especial, en lo que concierne a la administración de justicia, con el de la seguridad jurídica, en especial la que realiza el instituto de la cosa juzgada, y el principio constitucional de la independencia y autonomía de los jueces.
Las reglas de interpretación del derecho en el terreno de los valores y de los principios enseñan que la actuación de uno de ellos no supone la aniquilación de otro, sino que todos han de ser ponderados de manera que hallen cabida, consintiendo grados de aplicación que no afecten su núcleo esencial.

No obstante lo anterior, sigue siendo valor esencial para la Sala que la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio, ni pretexto, para abolir la independencia del juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural.


Ahora bien, analizando el asunto objeto de tutela, considera esta Corporación que la protección suplicada no está llamada a ser concedida, como quiera que no se advierte que la autoridad judicial puesta en entredicho hubiera actuado de manera negligente, ni que en su decisión haya olvidado cumplir con el deber de análisis de las realidades fácticas y jurídicas sometidas a su criterio, siempre dentro del marco de autonomía y competencia que le es otorgada por la Constitución y la ley.


En efecto, se observa que la determinación de revocar la decisión proferida por el a quo, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó Carlos Gustavo Casasbuenas Díaz contra la aquí peticionaria, obedece a que encontró, con base en el análisis efectuado, que aun cuando el actor ingresó a la entidad demandada a prestar sus servicios con mucha posterioridad a la data en que comenzó labores la Dra. Constanza Eugenia Riaño Alvira, quien le sirvió como parámetro de comparación, lo cierto era que ambos desempeñaban el mismo cargo, tenían iguales funciones y responsabilidades, sin que la demandada, pese a estar obligada a ello en virtud de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 143 del C. S. del T., acreditara que la diferencia en la remuneración obedeció realmente a un criterio de antigüedad, es decir, no desconoció que a partir de dicho factor se podía justificar una diferenciación en el trato salarial, simplemente que en ese preciso caso no encontró demostrado que en realidad fue tal elemento el basamento para la situación presentada al interior de la demandada, ni que esta incidiera en un mejor desempeño en el cumplimiento de las funciones; conclusión a la que arribó luego de examinar las pruebas allegadas al proceso y de lo que de ellas se extraía; consignando por tanto en la decisión que motivó la presentación de esta acción constitucional, las razones que tuvo para tomar tal determinación, así como la interpretación que dio a los hechos y las pruebas del proceso, sin que en las mismas se advierta una actuación subjetiva y arbitraria del tribunal, por cuanto el alcance dado al material probatorio no luce como descabellado o absurdo, independientemente de que se esté de acuerdo o no con éstas.

Es así como el tribunal accionado se refirió al principio de no discriminación salarial, a la carga de la prueba y a las probanzas allegadas, de cuya valoración concluyó que:


en efecto, la Dra. Riaño ingresó al servicio de la demandada el 3 de abril de 1978, en tanto que el demandante lo hizo el 2 de diciembre de 2002, esto es 24 años después, mientras que el doctor Toloza ingresó al servicio el 1 de septiembre de 2007, el expediente no reporta que el salario de la persona con la que se compara el demandante haya sido establecido por razón de su antigüedad o por su experiencia en el empleo, pues la mera muestra de la fecha de ingreso y aún la fecha de graduación no son suficientes para demostrar que la diferencia en la remuneración proviene de la antigüedad del trabajador o de su experiencia, de manera que resulte tangible una explicación o justificación fundada en la antigüedad y experiencia de la que penden la cantidad y la calidad del servicio que soporte la diferencia a favor de la Dra. Riaño.

Dicho de otra manera, no aparece demostrado en el expediente que la diferencia salarial entre el demandante y la Dra. Riaño entre 2002 y 2010, fecha de su retiro, tuviera como fuente la alegada antigüedad y experiencia pues de una parte, como precisa la censura, no aparece disposición legal, convencional o contractual o reglamentaria que así lo establezca, y el mero transcurso del tiempo per se permite concluir válidamente que las condiciones de servicio son cualitativas y cuantitativamente superiores en el trabajador antiguo que en el trabador que hasta ahora ingresa…
De conformidad con lo anterior, se encuentra la decisión atacada arraigada en argumentos que consultaron reglas mínimas de razonabilidad jurídica y que, sin lugar a dudas, obedecieron a la labor hermenéutica propia del juez, sin que sea dable entonces a la actora recurrir al uso de este mecanismo preferente y sumario, como si se tratase de una tercera instancia a la cual pueden acudir los administrados a efectos de debatir de nuevo sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a los ritos propios de una actuación judicial, con el único fin de conseguir el resultado procesal que le fue esquivo en su oportunidad legal.
En síntesis, se advierte que la corporación accionada apoyó su decisión con reflexiones que resultan razonables para arribar a las decisiones tomadas y con fundamento en las pruebas allegadas por las partes al proceso, por lo que mal podría el juez de tutela, desconocer su contenido, aun cuando eventualmente pueda discreparse de la misma, puesto que esgrimir tesis interpretativas o argumentativas distintas a las contenidas en tal determinación como lo hace el apoderado de la accionante, no comporta fuerza suficiente para derruir la presunción de legalidad que la cobija.
En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras consideraciones, no hay lugar a conceder el amparo constitucional peticionado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1-. NEGAR por los motivos expuestos, la acción de tutela interpuesta por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA -COMFENALCO contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ.
2-. COMUNICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3-. En caso de no ser impugnada la presente decisión, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO


JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ
ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE






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