Corte suprema de justicia



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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
Bogotá D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil doce (2012).
Ref.: Exp. 11001-02-03-000-2012-02534-00
Se pronuncia la suscrita Magistrada acerca de la protección constitucional presentada por la señora Laura Eugenia Mopan Palacios frente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
ANTECEDENTES
La apoderada de la solicitante sostiene que las autoridades demandadas le conculcaron a su representada los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, presunción de inocencia, libertad, acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo, seguridad social, calidad de vida, protección especial a personas en estado de indefensión y a la vida digna, por lo que peticiona que se revoque la sentencia de segunda instancia de 19 de mayo de 2010 y la providencia de 17 de noviembre de 2011 que inadmitió la demanda de casación, y como consecuencia de lo anterior, se declare la inocencia de Laura Eugenia Mopan Palacios, o en su defecto, se deje en firme el fallo absolutorio de primera instancia proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión Foncolpuertos - Cajanal el 31 de marzo de 2009, ordenando la libertad inmediata de su mandante, porque “las sentencias objeto de tutela muestran cómo la Sala Penal del Tribunal y la Sala de Casación Penal de la Corte, fallaron sin el sustento probatorio suficiente para aplicar las normas en que fundaron su decisión, abusando de su discrecionalidad interpretativa en perjuicio de los derechos fundamentales de la procesada, al ignorar, desestimar y cercenar los argumentos defensivos que permanentemente se alegaron en demostración de su inocencia” (folio 475).

CONSIDERACIONES
1. Distintas razones de índole constitucional permiten anticipar que la demanda de amparo, no puede admitirse a trámite, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, las cuales, en esencia, conducen a dejar sentado que la materia propuesta por el peticionario se sustrae al ámbito de la acción de tutela, según se pasa a explicar enseguida:
La Sala de Casación Penal de la Corporación en reiterada jurisprudencia ha señalado:
(...) esta Sala viene reivindicando su competencia para restablecer las garantías fundamentales que encuentre lesionadas en cualquier proceso que llegue a su conocimiento en virtud del recurso de casación, sin necesidad de que exista demanda en forma.
Esto significa, ni más ni menos, que cuando la Sala no admite una demanda de casación por falta de requisitos formales y no hace ningún pronunciamiento sobre una eventual casación oficiosa, es porque no estima que se hubiera desconocido derecho fundamental alguno que la obligue a actuar oficiosamente. Esa es, justamente, la razón para que en esa providencia no se hubiera abordado ‘expresamente, el examen constitucional que aquí se demanda’. Por lo demás, como bien lo ha dilucidado la jurisprudencia constitucional, que en la demanda no exista ‘una sola acusación que se le enrostre en forma palmaria a la Sala de Casación Penal de la Corte’, no es óbice para que la solicitud de tutela se entienda dirigida también contra ésta, siempre que de las circunstancias específicas del supuesto acto lesivo se deduzca que respecto de ella eventualmente se pueda formular un reproche semejante (...)”. (Providencia de 2 de marzo de 2005, expediente 19.300).
2. Como se dejo visto, en providencia de 17 de noviembre de 2011 (folios 3 a 101), La Sala de Casación Penal de esta Corporación, inadmitió la demanda presentada por la defensora de la señora Laura Eugenia Mopan Palacios y para el cumplimiento de los fines de la casación y la protección de los derechos constitucionales de la petente, al revisar el proceso y a efectos de pronunciarse sobre la demanda examinó el tema aquí propuesto, concluyendo “no hay lugar a penetrar en el fondo del asunto oficiosamente porque la Sala ha revisado íntegramente la actuación y no ha encontrado causales de nulidad ni flagrantes violaciones de derechos fundamentales, por lo menos por los aspectos señalados en la demanda” (folio 95).

3. Así las cosas, no resulta entonces posible darle curso a la presente acción de tutela, merced a la calidad de órgano límite y de cierre de la jurisdicción ordinaria que tiene la Corte Suprema de Justicia por disposición constitucional, la que impide que sus decisiones puedan ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por otras autoridades, puesto que en tal condición no existe otro organismo que pueda disputarle las resoluciones que haga dentro de su propio ámbito; cuestión esta última que cobra mayor significación en el campo penal donde la protección de los derechos fundamentales puede darse, aún de oficio, en el citado recurso extraordinario; por las mismas razones, no hay lugar a remitir a revisión de la Corte Constitucional, pues no se está definiendo de fondo la tutela.

4. Por otra parte, ha de destacarse que si bien pronunciamientos como la de esta estirpe venían siendo adoptadas por toda la Sala, revisada una vez más la competencia de ésta para proferir esa determinación se ha advertido de conformidad con el inciso primero del artículo 15 del Decreto 2591 de 1991, que “[l]a tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del presidente de la Sala o del Magistrado a quien éste designe, en turno riguroso (…)” y como el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este tipo de procedimiento (artículo 4º del Decreto 306 de 1992), prevé que “(…) “corresponde a la Sala de Decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación o queja, o una acumulación de procesos, o un conflicto de competencias; contra estos autos no procede recurso alguno. El Magistrado ponente dictará los autos de sustanciación y los interlocutorios que no correspondan a la Sala de Decisión”, ha concluido la Sala que es competencia del Magistrado Ponente proferir la pertinente providencia a propósito de la solicitud que da origen a la acción de tutela.
DECISIÓN
En virtud de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE no admitir a trámite la demanda presentada en el asunto arriba referido.
Comuníquese a los interesados este proveído por medio de telegrama.


RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

Magistrada





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