Superintendente de control del poder de mercado



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Resolución No. SCPM-DS-000-2015
Pedro Páez Pérez

SUPERINTENDENTE DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Considerando:
Que el artículo 3 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber primordial del Estado: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”;

Que el artículo 11 numerales 2, 3, 8 y 9 de la Constitución de la República del Ecuador sostiene: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades […] La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”; “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”; “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”; y, “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”, respectivamente;


Que el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Todo proveedor está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento”;

Que el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor”;


Que el artículo 54 de la Constitución de la República del Ecuador especifica: “Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”;
Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes";
Que el numeral 6 del artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "[...] Se requerirá de ley en los siguientes casos: 6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales";
Que el inciso primero del artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. [...]";
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";
Que el artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”;

Que el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”;

Que los numerales 1, 2 y 3 del artículo 284 de la Constitución de la República establecen que la política económica tiene entre otros objetivos: “Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional”; “Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional”; y, “Asegurar la soberanía alimentaria y energética”, respectivamente;

Que de acuerdo con el numeral 6 del artículo 304 de la Constitución de la República, la política comercial tiene como objetivo, entre otros: “Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados”, respectivamente;

Que el artículo 319 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional”;

Que el artículo 335 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal”;


Que el artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador ordena: “El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley”;
Que el artículo 427 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”;

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor señala: “El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes”;

Que el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor establece: “Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad […] 4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales; 7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; 10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna reparación de su lesión; 11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan”;

Que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor explica que el proveedor comete infracción a la Ley cuando difunda cualquier tipo de mensaje que induzca al error o engaño, en especial cuando se refiera a: “1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras”;

Que el artículo 9 de la Ley de Defensa del Consumidor manda: “Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además del precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor final. Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas de peso y/o volumen”;

Que el artículo 17 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor prescribe: “Es obligación de todo proveedor, entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable”;

Que el artículo 18 de la Orgánica de Defensa del Consumidor determina: “Todo proveedor está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento”;

Que el artículo 19 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor manda: “Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente. El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto de consumo. El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal”;

Que el artículo 28 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece: “Serán solidariamente responsables por las indemnizaciones civiles derivadas de los daños ocasionados por vicio o defecto de los bienes o servicios prestados, los productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, quien haya puesto su marca en la cosa o servicio y, en general, todos aquellos cuya participación haya influido en dicho daño. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Tratándose de la devolución del valor pagado, la acción no podrá intentarse sino respeto del vendedor final […]”;

Que el artículo 43 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor prescribe: “Son nulas de pleno derecho y no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones contractuales que: 1. Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por vicios de cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados; 2. Impliquen renuncia a los derechos que esta Ley reconoce a los consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio; 3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 4. Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, salvo que el consumidor manifieste de manera expresa su consentimiento; 5. Permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de cualquier condición del contrato; 6. Autoricen exclusivamente al proveedor a resolver unilateralmente el contrato, suspender su ejecución o revocar cualquier derecho del consumidor nacido del contrato, excepto cuando tal resolución o modificación esté condicionada al incumplimiento imputable al consumidor 7. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o utilizados antes de que se suscriba el contrato, o sean ilegibles; 8. Impliquen renuncia por parte del consumidor, de los derechos procesales consagrados en esta Ley, sin perjuicio de los casos especiales previstos en el Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley de Arbitraje y Mediación y demás leyes conexas; y,


9. Cualesquiera otras cláusulas o estipulación que cause indefensión al consumidor o sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. Lo determinado en el presente artículo incluye a los servicios que prestan las Instituciones del Sistema Financiero”;

Que el artículo 46 de la Orgánica de Defensa del Consumidor señala: “Toda promoción u oferta especial deberá señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos”;

Que el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión en el artículo 2 establece: “Se considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado”;

Que el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión en su artículo 4 enuncia entre sus fines: “a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como ambientalmente sostenible y ecoeficiente; b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidario. c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; […] f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la naturaleza; […] i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por todos; j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los mercados; k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico -institucional; […] q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de conformidad con la Constitución y la ley; r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el enfoque de género y de inclusión económica de las actividades productivas de pueblos y nacionalidades; s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente […]”;

Que el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión en su artículo 19 expresa que se reconocen los derechos de los inversionistas en especial los siguientes: “a. La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos, socialmente deseables y ambientalmente sustentables, así como la libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por la Ley; b. El acceso a los procedimientos administrativos y acciones de control que establezca el Estado para evitar cualquier práctica especulativa o de monopolio u oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal; c. La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con excepción de aquellos límites establecidos por la normativa vigente y de acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales de los que Ecuador forma parte; […]e, i. Acceso a los demás beneficios generales e incentivos previstos en este Código, otras leyes y normativa aplicable”;

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado precisa: “El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible”;


Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado prescribe: “Están sometidos a las disposiciones de la presente Ley todos los operadores económicos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional , así como los gremios que las agrupen, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional. […]”;
Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado, estipula los lineamientos para regular la formulación de la política pública en la materia de su competencia, los mismos que se resumen en los siguientes puntos: “[…] 1. El reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico.- 2. La defensa del interés general de la sociedad, que prevalece sobre el interés particular.- 3. El reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la economía ecuatoriana y de las diferentes formas de organización económica, incluyendo las organizaciones populares y solidarias.- 4. El fomento de la desconcentración económica, a efecto de evitar prácticas monopólicas y oligopólicas privadas contrarias al interés general, buscando la eficiencia en los mercados.- 5. El derecho a desarrollar actividades económicas y la libre concurrencia de los operadores económicos al mercado.- 6. El establecimiento de un marco normativo que permita el ejercicio del derecho a desarrollar actividades económicas, en un sistema de libre concurrencia.- 7. El impulso y fortalecimiento del comercio justo para reducir las distorsiones de la intermediación.- 8. El desarrollo de mecanismos que garanticen que las personas, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos a través de la redistribución de los recursos como la tierra y el agua.- 9. La distribución equitativa de los beneficios de desarrollo, incentivar la producción, la productividad, la competitividad, desarrollar el conocimiento científico y tecnológico; y, 10. La necesidad de contar con mercados transparentes y eficientes […]”;
Que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, dispone: “Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. […]”;
Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, dispone: “Acuerdos y prácticas prohibidas.- Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general. […]”;
Que el artículo 26 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado prohíbe y sanciona: “[…] los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica en que se manifieste, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios. […]”;
Que el artículo 33 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece que: “Los organismos, instituciones públicas, órganos de control, empresas públicas, de economía mixta, entidades públicas, gobiernos autónomos descentralizados, dentro de su potestad normativa, respecto de su contratación y de las prestaciones de servicios públicos realizadas en mercados relevantes de libre concurrencia, respetarán y aplicarán los principios, derechos y obligaciones consagrados en la presente Ley.”;

Que el inciso segundo del artículo 37 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado establece: "La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tendrá facultad para expedir normas con el carácter de generalmente obligatorias en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las posiciones legales y las regulaciones expedidas por la Junta de Regulación”;


Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38, numeral 26 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene atribuciones para: “Apoyar y asesorar a las autoridades de la administración pública en todos los niveles de gobierno, para que en el cumplimiento de sus atribuciones, promuevan y defiendan la competencia de los operadores económicos en los diferentes mercados”,

Que el numeral 6 y 16 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado señala como atribuciones del Superintendente de Control del Poder de Mercado: "Elaborar y aprobar la normativa técnica general e instrucciones particulares en el ámbito de esta Ley"; “Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas internas para su correcto funcionamiento”, respectivamente;


Que el artículo 78 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, especifica que: “Las infracciones establecidas en la presente Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.- […] 3. Son infracciones muy graves: […] d. Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, tanto en materia de abuso de poder de mercados, conductas anticompetitivas y de control de concentraciones.- Las infracciones graves y muy graves se juzgarán independientemente de que puedan constituir conductas tipificadas y sancionadas en la Ley Penal y ser objeto de las correspondiente acción por parte de la Función Judicial”;
Que la disposición general cuarta de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado manifiesta: “En el ámbito de su competencia, las entidades públicas a cargo de la regulación observarán y aplicarán los preceptos y principios establecidos en la presente Ley y coadyuvarán en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia en los mercados correspondientes”; y,
Que la libre y leal competencia, al igual que el respeto de los derechos de los consumidores, son presupuestos indispensables para el desarrollo de la actividad comercial;
Por todo lo expuesto, el Superintendente de Control del Poder de Mercado, amparado en lo dispuesto en los artículos 37 y 44 numerales 6 y 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, resuelve expedir el siguiente:

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES PARA EL SECTOR TEXTIL
CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO, OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS
Art. 1.- OBJETO.- El objeto de este Manual es fomentar las buenas prácticas comerciales entre los operadores económicos del sector; prevenir la realización de conductas y prácticas anticompetitivas; y, promover la competencia en beneficio de los consumidores. Esta herramienta de competencia fomenta la transparencia y eficiencia económica en el sector textil, así como el comercio justo; y, evita el abuso de poder de mercado y que se falsee o distorsione la competencia.
Art. 2.- ÁMBITO.- Este Manual debe ser observado por todos los operadores económicos, internacionales o nacionales que participan en el sector textil. Además, se sujetarán a este Manual los operadores económicos que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional.
Art. 3.- OPERADORES ECONÓMICOS.- Para los fines de este capítulo, los operadores económicos de este mercado sectorial comprenden las empresas de textiles en general.
Art. 4.- PRINCIPIOS.- De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y demás normas aplicables, en las relaciones comerciales se observarán, entre otros, los siguientes principios: libre concurrencia, competencia leal, precio justo, no discriminación, transparencia, buena fe, legalidad, equidad, solidaridad, calidad y eficiencia.
Art. 5.- OBJETIVOS.- Este Manual tiene los siguientes objetivos:


  1. Impulsar y fortalecer el comercio justo para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible;

  2. Promover la calidad del gasto público y su ejecución, en beneficio de la ciudadanía;

  3. Promover la transparencia y evitar los acuerdos y prácticas anticompetitivas;

  4. Evitar el falseamiento de la competencia en los procedimientos de contratación pública;

  5. Vigilar en coordinación con las entidades correspondientes, y en los casos que aplique, el cumplimiento de los estándares técnicos de calidad y salubridad;

  6. Controlar y observar las relaciones contractuales entre los operadores económicos del sector, a fin de evitar prácticas abusivas y desleales en este mercado;

  7. Armonizar las prácticas comerciales competitivas y eficientes entre los distintos operadores económicos;

  8. Proteger los derechos de los actores de la economía popular y solidaria, de las MYPIMES y del consumidor final;

  9. Establecer los mecanismos operativos para mantener a este sector en forma armónica y equilibrada; y,

  10. Asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas comerciales; así como la resolución de sus discrepancias mediante la conciliación.


Art. 6.- LINEAMIENTOS GENERALES.- Los operadores económicos deberán basar sus acciones sobre los siguientes lineamientos:


  1. El reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico;

  2. La competencias leal permanente;

  3. El respeto por los derechos de los consumidores y de los demás operadores económicos;

  4. La innovación constante y la búsqueda por ofrecer mejores productos o precios más baratos, que sus competidores;

  5. La costumbre mercantil o comercial no constituye fuente de excusa o aplicación ilegítima de pautas o prácticas comerciales indebidas;

  6. El apoyo al desarrollo de los actores de la economía popular y solidaria y MYPIMES;

  7. La denuncia de las estructuras, mecanismos, prácticas y actitudes comerciales injustas;

  8. El desarrollo de acciones conjuntas que ayuden al Estado a enfrentar el comercio ilegal y el contrabando;

  9. El compromiso con el comercio justo que permita el bienestar social y económico de la ciudadanía; y,

  10. La promoción de la libre competencia.


Art. 7.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR.- Los operadores económicos tienen las siguientes obligaciones y responsabilidades:


  1. Cumplir las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en su Reglamento de aplicación y en los reglamentos y actos administrativos que emita la Superintendencia de Control del Poder de Mercado;

  2. Vigilar, en coordinación con las entidades correspondientes, el cumplimiento de los estándares técnicos de calidad, de salubridad y ambientales;

  3. Colaborar con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en el control de las conductas anticompetitivas;

  4. Promover las prácticas comerciales competitivas y eficientes;

  5. No impedir el derecho a desarrollar actividades económicas a través de prácticas restrictivas, que pretendan eliminar a sus competidores o eliminar el ingreso de nuevos operadores;

  6. Ser transparente en sus relaciones comerciales, verticales y horizontales;

  7. Evitar las prácticas que busquen la formación de monopolios y oligopolios;

  8. Trabajar en la mejora continua de los estándares de calidad del mercado;

  9. Observar las prácticas comerciales señaladas en este Manual; y,

  10. Denunciar ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado las conductas susceptibles de ser consideradas infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.


Art. 8.- DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.- Los consumidores tienen derecho a una información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa con relación a los productos que adquiere, sus precios, características, calidad, las contraindicaciones y los riesgos a los que estén expuestos.
Art. 9.- NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIÓN.- Los operadores económicos integrados de forma vertical u horizontal, así como aquellos que presuman que tienen una participación de mercado igual o superior al 30% en cualquiera de los mercados en que participen, que deseen incorporar a su grupo económico a competidores actuales o potenciales deberán notificar o solicitar la correspondiente autorización, según corresponda, a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
Art. 10.- ACCIÓN DEL ESTADO Y AYUDAS PÚBLICAS.- A fin de fomentar la realización de un proyecto estratégico de interés nacional, el Estado puede otorgar ayudas públicas mediante la utilización de recursos públicos, por el tiempo que fuere necesario. Únicamente mediante Decreto Ejecutivo se podrá establecer políticas de precios para la protección de la producción nacional y la sostenibilidad de la misma, que podrá incluir entre otras la determinación de precios referenciales.
Asimismo, la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado podrá establecer restricciones a la competencia en este sector, a fin de implementar iniciativas de acción afirmativa a favor de la economía popular y solidaria.
CAPÍTULO II

CONDUCTAS PROHIBIDAS
Art. 11.- PRÁCTICAS DESLEALES.- Se considera desleal el prevalecer en el mercado mediante una ventaja significativa adquirida como resultado del incumplimiento de una norma jurídica, como sería una infracción de normas ambientales, publicitarias, tributarias, laborales, de seguridad social, sanitarias u otras regulaciones de las autoridades competentes.
Art. 12.- PUBLICIDAD ENGAÑOSA.- Los operadores económicos se abstendrán de difundir publicidad engañosa que tenga como efecto la confusión, la inducción a error o engaño en perjuicio del consumidor o usuario.


Art. 13.- ACUERDOS.- Se prohíbe todo tipo de acuerdo que tenga como objeto o efecto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general.
La manera en que se materializa el acuerdo, no necesariamente es
escrita o formal; en este sentido, el acuerdo puede ser tácito.
Para que exista un acuerdo anticompetitivo, los involucrados deben
ser necesariamente independientes entre sí.


Art. 14.- ACUERDOS PARA FIJAR PRECIOS.- Los operadores económicos deben definir sus políticas de precios de manera independiente.
Los acuerdos entre competidores para fijar precios son “per se” contrarios a las disposiciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, por lo que están prohibidos. En este sentido, no se requiere analizar si la conducta tiene por objeto o efecto, real o potencial, impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, afectar negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. Además, esta conducta está excluida de la regla de mínimis.
Los acuerdos para fijar precios pueden adoptarse bajo distintas
modalidades:


  • Acuerdos para aumentar los precios

  • Acuerdos para establecer una fórmula para computar los precios

  • Acuerdos para mantener una relación fija entre los precios de productos sustitutos pero no idénticos

  • Acuerdos para eliminar descuentos o para establecer descuentos uniformes

  • Acuerdos para establecer el sistema de créditos que será utilizado con los clientes

  • Acuerdos para eliminar productos ofrecidos a menores precios para restringir la
    oferta y mantener los precios altos

  • Acuerdos para no reducir los precios sin notificar a los demás miembros del cartel

  • Acuerdos para publicar precios

  • Acuerdos sobre márgenes

  • Acuerdos para establecer plazos para los pagos



Art. 15.- ACUERDOS DE REPARTO DE MERCADO.- Se prohíbe a los operadores económicos, competidores actuales o potenciales, consensuar espacios en donde no competirán. Los espacios pueden referirse respecto a zonas geográficas, clientes y volúmenes de ventas.
Los acuerdos de reparto de mercado son “per se” contrarios a las disposiciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, por lo que están prohibidos. En este sentido, no se requiere analizar si la conducta tiene por objeto o efecto, real o potencial, impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, afectar negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. Además, esta conducta está excluida de la regla de mínimis.
Art. 16.- ACUERDOS PARA LIMITAR LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES O SERVICIOS.- Se prohíbe a los operadores económicos, competidores actuales o potenciales, convenir respecto a la capacidad o cuotas de producción, distribución o comercialización de bienes o servicios.
Los acuerdos de reparto de mercado son “per se” contrarios a las disposiciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, por lo que están prohibidos. En este sentido, no se requiere analizar si la conducta tiene por objeto o efecto, real o potencial, impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, afectar negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. Además, esta conducta está excluida de la regla de mínimis.
Art. 17.-DECISIONES.- Se prohíbe a las organizaciones empresariales, con o sin fines de lucro, invitar, recomendar o sugerir a sus miembros que adopten políticas comerciales comunes.
Se presumirá que el operador económico, miembro de la organización, está de acuerdo con la decisión si no manifiestan su negativa de manera expresa y no realiza actividades contrarias a la decisión.
Art. 18.- PRÁCTICAS CONCERTADAS.- Los operadores económicos deben evitar seguir patrones comunes y coordinados con las políticas comerciales de su competencia. Las prácticas concertadas no requieren de un concierto de voluntades, ni de un convenio, pero sí de una cierta coordinación entre competidores.
Para demostrar la coordinación bastan las comunicaciones (intercambio de información, entre otras) entre competidores, que aunque no necesariamente configure un acuerdo, potencia tal coordinación.
Art. 19.- RESTRICCIONES VERTICALES.- A fin de evitar posibles sanciones por abuso de poder de mercado, los operadores económicos del sector textil integrados verticalmente, así como aquellos que presuman que tienen una participación de mercado igual o superior al 40% en cualquiera de los mercados en que participen, deben evitar las siguientes conductas:


  1. EXCLUSIVIDADES.- No podrán determinar, imponer o sugerir contratos, cláusulas o condiciones de distribución o venta exclusiva de sus productos, así como cláusulas de no competencia o similares, a sus proveedores y compradores.

Asimismo, no podrán asignar territorios o grupo de clientes a sus distribuidores.




  1. PRESTACIONES ADICIONALES.- No podrán condicionar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos.




  1. VENTAS ATADAS Y CONDICIONADAS.- Está prohibida la venta atada injustificada. En este sentido, no venderán sus productos de manera condicionada a la adquisición de otro de sus productos.

Tampoco condicionarán la venta de sus productos o la prestación de sus servicios a la aceptación de condiciones que por su naturaleza no guarden relación con el bien o servicio ofrecido.




  1. DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS.- No pueden vender el mismo bien o servicio en condiciones diferentes, a compradores que se encuentren en situaciones equivalentes entre sí. La discriminación también puede producirse con relación a cualquier otra condición comercial relevante.




  1. FIJACIÓN DE PRECIOS DE REVENTA.- No pueden fijar o imponer el precio de reventa o las condiciones en las que los distribuidores deben ofrecer sus productos a los consumidores. En este sentido, no pueden establecer precios mínimos, máximos o fijos de reventa. Tampoco está permitido imprimir en sus productos el precio recomendado de reventa.

Se exceptúa de esta prohibición a las promociones temporales, siempre que el beneficio se traslade al consumidor y estas sean realizadas de buena fe y por un tiempo limitado.




  1. PRECIOS MONOPSÓNICOS.- No abusarán de su poder de mercado para establecer o fijar precios a sus proveedores que sean inferiores a los competitivos en el mercado en que compra su producto o insumos.




  1. NEGATIVA DE TRATO.- No podrán negarse de manera injustificada a suministrar un bien o servicio que ofrecen en el mercado a los demás operadores económicos. Se entenderá también que existe negativa cuando se vende el bien o servicio a precios excesivamente altos o en condiciones que no son razonables. Además, no deben incurrir en prácticas de especulación o acaparamiento de productos.

De observarse el incumplimiento de esta disposición que generen efectos anticompetitivos, a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá disponer acciones preventivas, correctivas u ordenar la desconcentración, conforme lo establecido en el último inciso del artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.


Art. 20.- PRECIOS PREDATORIOS Y EXPLOTATIVOS.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 numeral 4) de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, constituye abuso de poder de mercado la fijación de precios predatorios o explotativos. En este sentido, los operadores económicos que tengan poder de mercado están prohibidos de incurrir en estas conductas.

CAPÍTULO III

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, INFORMACIÓN Y SUPERVISIÓN
Art. 21.- CONDICIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES.- La terminación de las relaciones comerciales se deberá realizar conforme a estas reglas:


  1. Las relaciones contractuales entre los operadores económicos no serán interrumpidas o terminadas abruptamente sin haber mediado una notificación escrita previa de cualquiera de las partes con al menos treinta (30) días plazo de anticipación, conforme a la cláusula de terminación que deberá constar en el respectivo contrato. Únicamente en caso de sanción por parte de una autoridad administrativa o judicial, la parte que no ha sido sancionada podrá dar por terminada la relación comercial unilateralmente;

  2. Las causales de terminación serán las constantes en el contrato que suscriban o en la normativa vigente; y,

  3. Todo proceso de terminación de las relaciones comerciales deberá observar el debido proceso garantizado constitucionalmente.


Art. 22.- PROCEDIMIENTO Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Cuando surjan conflictos entre operadores económicos del sector que puedan ser resueltos mediante conciliación, se priorizará este mecanismo, para lo cual se observará lo siguiente:


  1. Presentación de reclamo: Se presentarán y tramitarán por escrito o por medios electrónicos en el domicilio del operador económico contra el que se emplaza, dentro del término de tres (3) días desde que surgió el evento.




  1. Atención de los reclamos: Los operadores económicos emplazados deberán resolver los reclamos dentro del término de quince (15) días desde la recepción de estos; y,




  1. Duración de la etapa de arreglo directo: La etapa de arreglo directo no excederá del término de dieciocho (18) días.

Si no se ha llegado a una solución directa, el reclamante podrá acudir a otros mecanismos alternativos de solución de controversias o a la jurisdicción ordinaria. Sobre esto hará conocer por escrito a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.


Art. 23.- DE LAS RETALIACIONES.- Ningún operador económico podrá ejercer retaliaciones como consecuencia del reclamo presentado por la parte que se crea perjudicada. En caso de que esto suceda, el afectado podrá presentar su denuncia o reporte en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en la oficina matriz o en sus Intendencias Zonales, cumpliendo los requisitos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, a fin de que se inicie el trámite correspondiente.
Art. 24.- ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, respetando los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, puede acceder a toda la información de los operadores económicos.
Los operadores económicos mantendrán una base de datos de naturaleza restringida con la información de las transacciones comerciales realizadas, la que deberán guardarla bajo su responsabilidad por siete (7) años. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado solicitará que le sea enviada esta información cuando lo considere necesario dentro del cumplimiento de sus deberes y atribuciones.
La falta de entrega de información o que se la realice de manera extemporánea, constituye una infracción a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, conforme lo establecido en el artículo 79 de la ley antes citada.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El seguimiento de la aplicación y cumplimiento de este Manual lo realizará la Intendencia de Abogacía de la Competencia; que presentará informes anuales al Superintendente.
SEGUNDA.- En lo no previsto en este Manual, se estará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su reglamento de aplicación.
TERCERA.- GLOSARIO.- Para la aplicación, ejecución y comprensión eficiente de este manual, se establecen entre otras las siguientes definiciones:


  1. ABUSO DE PODER DE MERCADO.- Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado se encuentran establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado;

  2. BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES.- Aquellas realizadas observando los principios y lineamientos establecidos en este Manual;

  3. COMERCIO JUSTO.- El realizado sin ninguna distorsión en el mercado en un nivel de competencia óptimo, equitativo y sustentable para todas las partes;

  4. CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS.- Actos antijurídicos susceptibles de constituir infracción a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado;

  5. INTEGRACIÓN HORIZONTAL.- Forma de concentración que se da cuando una empresa abarca una mayor cuota de mercado mediante la fusión o absorción de una o varias empresas del sector, competidores actuales o potenciales;

  6. INTEGRACIÓN VERTICAL.- Forma de concentración por la que una empresa controla varias fases de un proceso productivo mediante la fusión o absorción de empresas, de forma que se expande aguas arriba hacia la fuente de materias primas (fusionándose o absorbiendo a los proveedores) o aguas abajo hacia el último consumidor (fusionándose o absorbiendo a los clientes);

  7. MERCADO SECTORIAL.- Es un segmento del mercado para un grupo de productos, similares y/o sustitutos;

  8. MONOPOLIO.- Situación en la que un solo operador económico controla el mercado definido por la autoridad de control;

  9. OLIGOPOLIO.- Situación en la que un grupo reducido de operadores económicos controla el mercado definido por la autoridad de control;

  10. PRÁCTICAS ABUSIVAS.- Conductas realizadas por dos o más operadores económicos, cuyo objeto o efecto sea el impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. En particular, constituyen conductas abusivas aquellas establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado;

  11. PRÁCTICAS DESLEALES.- Todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestas en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad comercial o publicitaria (publicidad engañosa, denigrante, etc.). En particular, constituyen prácticas desleales aquellas establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado;

  12. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS.- Todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o conductas realizadas por dos o más operadores económicos, de cualquier forma manifestadas, con la producción o intercambio de bienes y servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o afectar negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general. En particular, están prohibidas la conductas establecidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado;

  13. PRECIOS EXPLOTATIVOS.- Son los precios que se cobran por encima de su nivel razonable, es decir, excesivos en relación con el valor económico del producto ofrecido, y que por tanto buscan apropiarse del excedente que le corresponde al consumidor;

  14. PRECIO JUSTO Precio razonable de las cosas según criterios de justicia y equidad y adecuación entre los intereses del comprador y el vendedor;

  15. PRECIOS PREDATORIOS.- Son reducciones considerables de precios por un operador dominante para eliminar la competencia de una empresa ya presente o nueva entrante en ese mercado o para disuadir su entrada. Se bajan los precios de forma significativa – por debajo de un nivel rentable- durante un período de tiempo suficientemente largo como para lograr el efecto predatorio – expulsar o disuadir de su entrada a un mercado al competidor – y, una vez logrado eso, volver a subir los precios en el mercado, ahora menos competitivo, para recuperar los beneficios perdidos;


CUARTA.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizará capacitaciones periódicas a los operadores económicos del sector.
QUINTA.- Se invita a la sociedad civil a autorganizarse en observatorios ciudadanos y comités de usuarios para monitorear permanentemente los precios y la calidad de los productos. La Superintendencia brindará la capacitación necesaria.
SEXTA.- Cuando los operadores económicos del sector textil participen en procedimientos de contratación pública, deberán observar además el Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el desarrollo del Ecuador.
SÉPTIMA.- Se invita a los operadores económicos que presuman que hayan incumplido la normativa establecida en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, su Reglamento de aplicación y este Manual, concurran voluntariamente a esta Superintendencia y presenten propuestas de compromisos de cese, con el fin de evitar ser sancionados conforme a la Ley.


DISPOSICIÓN FINAL
Este Manual regirá a partir de su promulgación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el XX de noviembre de 2015.

Pedro Páez Pérez

SUPERINTENDENTE DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO



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