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Panamá implementará canasta básica de medicamentos



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Panamá implementará canasta básica de medicamentos

La Prensa Latina, 17 de septiembre de 2013

http://tinyurl.com/q3dy2nx


Panamá implementará dentro de una semana una norma de canasta básica de medicamentos, que empezará con un listado de 40 fármacos, cuyos precios deben estar visibles para todo el público, confirmó hoy una fuente oficial. 

 

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) pidió la cooperación de la Asociación de Farmacéuticos para que se respete la norma, y estos le solicitaron, a su vez, que haga una mejor divulgación de la iniciativa.



 

Acodeco explica que con la canasta básica buscan que las personas tengan la información sobre la diferencia de precios, y más posibilidades de adquirir los fármacos a costos más favorables, por lo cual se está orientando sobre cómo llenar los nuevos formatos de expendio.

 

Por aparte, los farmacéuticos aclaran que los precios van a variar dependiendo de los distribuidores y los costos de operación de las farmacias.



 

Aseguran que la mayor parte de los productos de la canasta básica de medicamentos deben venderse con receta médica, entre ellos antibióticos y medicinas para la depresión e hipertensión.

 
Perú. El Estado importará fármacos contra el cáncer para evitar otro boicot

El Comercio, 25 de octubre de 2013

http://elcomercio.pe/actualidad/1487424/noticia-estado-importara-farmacos-contra-cancer-evitar-otro-boicot
El jefe encargado de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, Pedro Yarasca, anunció ayer que el Estado importará directamente las medicinas contra el cáncer que se queden sin oferta en el país en caso de que sus proveedores locales no se presenten a las compras públicas corporativas obligatorias del 2013. Esto permitirá, principalmente, buscar mejores condiciones y precios en otros países y conseguir las medicinas en forma oportuna.
La convocatoria de adquisiciones corporativas de 65 medicamentos oncológicos para el abastecimiento del próximo año ya está en marcha y –si hasta diciembre los estudios de mercado revelan la ausencia de postores– se optará por las importaciones paralelas a través del Fondo Estratégico de la OPS u otro organismo internacional.
Con estas medidas, el Ministerio de Salud (Minsa) dio respuesta concreta e inmediata al informe publicado ayer por El Comercio que reveló las frustradas compras corporativas de 27 medicinas oncológicas –ocho de ellas con postores únicos en el país– debido a que las farmacéuticas no se presentaron a los procesos [1]. Estos fueron declararon desiertos.
Autoridades del sector se reunieron ayer para discutir el tema. Yarasca adelantó a El Comercio también que el Minsa elabora un listado de medicinas contra el cáncer esenciales para priorizar la compra de aquellas que demuestran eficacia terapéutica.


  1. Anteriormente El Comercio reportó (Farmacéuticas frustraron rebaja de precios de medicinas contra el cáncer. El Comercio, 24 de octubre de 2013. http://elcomercio.pe/actualidad/1486990/noticia-farmaceuticas-frustraron-rebaja-precios-medicinas-contra-cancer):

Si por un lado el Ministerio de Salud denunció que no funcionan las exoneraciones tributarias a esos fármacos (vigentes desde el 2001) para reducir sus altos precios, tampoco es efectiva la última estrategia estatal: las compras corporativas obligatorias entre el Minsa, Essalud, los fondos sanitarios de la policía y las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió una investigación contra once farmacéuticas en marzo del 2011 por supuesta concertación de precios de las medicinas contra el cáncer. Hasta la fecha no se conocen los resultados.



Varicela: ¿pasarla de niño o vacunarse?

Jaime Prats



El País, 13 de octubre de 2013

http://tinyurl.com/obutg5h


Si tiene un hijo menor de 12 años y vive fuera de Madrid o Navarra, es muy probable que no pueda protegerle frente a la varicela aunque quiera. Tendrá que esperar a los 12 años, la edad en la que la red sanitaria la ofrece de forma gratuita. Encontrar una vacuna en la farmacia para administrarla de forma privada se ha convertido en todo un reto. El Ministerio de Sanidad ha bloqueado en todas las autonomías —excepto en Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla con un calendario distinto— el envío a las oficinas de farmacia de lotes de Varivax, el medicamento de Sanofi Pasteur MSD que protege frente a la enfermedad y que se podía adquirir sin problemas —con receta expedida por un pediatra— hasta julio.
La decisión ha topado con el rechazo frontal de sociedades científicas de pediatría, especialistas en vacunas o en salud pública, que defienden las ventajas de la vacunación en los más pequeños. Sanidad cree que se ha abusado de la administración de la vacuna en el canal privado y advierte de posibles consecuencias futuras sobre la salud pública.
En el fondo de este debate (repleto de aristas e intereses cruzados) está la heterogeneidad en el calendario de vacunación de la varicela entre las comunidades autónomas. En Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla se administra entre los 12 y 15 meses (en Navarra hay una segunda dosis entre los dos y tres años). En estas regiones, la postura del ministerio no altera la situación.
En el resto, solo reciben la vacuna de forma gratuita los niños de más de 12 años que no hayan pasado la enfermedad. Este es el criterio de consenso que ha fijado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que el ministerio pretende generalizar a partir del año que viene en toda España con el calendario de vacunación común. En estos territorios, los padres que no querían esperar a los 12 años tenían la opción del canal privado. Con una receta, podían comprar Varivax en la farmacia. Esta es la opción que ha bloqueado el ministerio.
Las diferencias de criterio que coexisten en España reflejan las distintas opiniones que se dan entre las autoridades sanitarias de los países de nuestro entorno. En otras vacunas, como es el caso del sarampión, el consenso es casi absoluto. Pero no sucede lo mismo con la varicela.
Estados Unidos, Alemania, Canadá, Australia, Japón, Israel, Costa Rica, Uruguay, Grecia y cuatro regiones italianas (Puglia, Veneto, Toscana y Sicilia), entre otros, optan —como Navarra y Madrid— por la vacunación masiva en la primera infancia. Este es el criterio que comparte la Asociación Española de Pediatría (AEP), que destaca el éxito de Navarra desde que se generalizó la protección en 2007. “Se ha podido comprobar un descenso global acumulado de la tasa de incidencia de un 97,3% hasta 2012 (98,5% en niños de 1 a 8 años) y también en población no vacunada del 90,5% en menores de 1 año y 92,4% en mayores de 22 años”.
En el mismo sentido se ha manifestado la Asociación Española de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Esta es la postura más extendida entre los especialistas consultados por este diario. También se ha mostrado favorable a la vacunación Ángel Gil de Miguel, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, destaca no solo las ventajas de reducir los efectos del virus de la varicela en los más pequeños, sino los costes indirectos. Por ejemplo, de tener el niño en casa durante la enfermedad y las jornadas laborales que ello supone.
En el otro lado de la orilla se encuentran quienes destacan que la varicela suele cursar de forma benigna en la infancia, por lo que no es necesario vacunar a los más pequeños y quitan importancia a las complicaciones. Incluso sostienen que lo más beneficioso es el contagio, por la fuerte inmunidad que confiere. Es el caso del Ministerio de Sanidad. En un documento de distribución restringida elaborado el 30 de agosto, donde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMP) fija su postura. Destaca que la gravedad de la enfermedad se centra cuando cursa en la edad adulta. Es entonces cuando se dan las “mayores tasas de hospitalización (hasta 13 veces mayor en adultos de más de 20 años que en niños de 5 a 9 años) y de letalidad (hasta 25 veces mayor en adultos que en niños de 1 a 4 años)”. De ahí la decisión, de acuerdo con una recomendación del Consejo Interterritorial del SNS de 2005, de vacunar solo a partir de los 12 años a quienes no se hayan contagiado aún, con la excepción de grupos de riesgo (pacientes con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos). Y de impedir la distribución de la vacuna en farmacias, excepto en Madrid o Navarra. “El uso de Varivax debe estar basado en las recomendaciones oficiales”, indica el Ministerio de Sanidad a este diario.
Buena parte de los países europeos o hacen como España o incluso van más lejos y no recomiendan la protección frente a la varicela en la población general, salvo grupos de riesgo. Es el caso de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Bulgaria, Islandia, Holanda, Polonia, Suecia o Rumanía. En España, entre 1998 y 2005 solo se vacunaba a la población de los grupos de riesgo.
La AEMPS sostiene que la vacunación privada en las autonomías —excluidas Madrid y Navarra— era muy alta, con coberturas de entre el 38% y el 76%. Unas tasas que, en su opinión, “pueden cambiar el patrón epidemiológico de la enfermedad”. Los técnicos de la AEMPS aluden a un posible desplazamiento de los casos de la infancia a la edad adulta (apuntan que la vacuna no protege tanto como la infección natural y, una vez pasado el efecto del fármaco, al cabo de los años, habría contagio en la etapa adulta). También habría un incremento en este segmento de edad de la incidencia de herpes zóster.
Tras una infección, el virus de la varicela (conocido como varicela zóster, VVZ) se acantona en los ganglios neurales, donde permanece latente y puede reactivarse dando lugar al herpes zóster —se manifiesta como un anillo de pequeñas y dolorosas ampollas—. A menor tasa de vacunación, mayor circulación del virus. Como el contacto con el virus de los ya infectados mantiene al VVZ confinado en los ganglios, hace menos probable su reactivación en forma de herpes, según las tesis a las que se acoge el ministerio a partir de distintas publicaciones.
A ello apela también Juan Gervás, un médico conocido por su postura crítica en contra de la generalización de algunas vacunas —por ejemplo, la del papiloma—, que traslada la opinión de la Red Española de Atención Primaria (REAP).
“Curiosamente, en este caso estoy con el ministerio”, apunta Gervás. Admite los buenos resultados que confiere la vacuna en la población infantil. “Pero aunque para la infancia es beneficioso, no sucede lo mismo para el resto de la población, ya que hay más varicela entre adultos y más casos de herpes zóster”. Por ello, considera que esta cuestión plantea “un interesante debate ético: ¿favorecemos la salud de una parte de la población infantil o de toda ella?”, se pregunta Gervás.
Para añadir más controversia científica y alimentar la validez de los argumentos de ambas partes, hay estudios que cuestionan el aumento de casos de herpes y varicela relacionados con la vacunación en la infancia. Un trabajo estadounidense de 2011 (en Estados Unidos la inmunización masiva se aplica desde 1995) muestra una caída de casos en adultos. Y mientras estudios regionales estadounidenses apuntan hacia un incremento de casos de herpes zóster, otros datos, como los de un reciente trabajo del Servicio de Epidemiología madrileño, muestran una tendencia descendente de herpes zóster comunicados por la Red de Médicos Centinela en 2013.
Al margen de las divergencias respecto a las bondades o no de la vacunación infantil de la varicela, el consenso es general a la hora de valorar las formas del ministerio para impedir el abastecimiento de vacunas en las farmacias de las autonomías afectadas: sin anunciar ni argumentar previamente la decisión. “El ministerio lo ha hecho mal, podría haber explicado y recordado la decisión del Consejo Interterritorial en la que apoya su decisión”, sostiene Gervás. Para la AEP, “sigue sin haber una explicación pública. Como en otras ocasiones, población y profesionales han de enterarse del asunto tarde (por hechos consumados) y por canales informales o ajenos al del SNS”.
La pobre comunicación oficial y la confusión que suele reinar en torno a la inmunización son un terreno abonado para los grupos antivacunas. Sus tesis han provocado el incremento de casos de sarampión en España y Francia, entre otros países. Un efecto similar pueden tener, a juicio del presidente de la Sociedad Española de Vacunología, José María Bayas, declaraciones como las vertidas hace unas semanas por la presidenta de la AEMPS al vincular las protestas de las sociedades médicas con los intereses económicos del laboratorio que produce la vacuna. “Hay que ser muy cuidadoso con estas manifestaciones”, destaca. Aunque tampoco se debería minusvalorar la capacidad de influencia de la industria.
La postura del ministerio incide en la libertad de prescripción de los pediatras y la libertad de los padres de tratar a sus hijos de acuerdo con el consejo de su médico, administrándole la vacuna antes de la edad recomendada por Sanidad si lo consideran adecuado. Los pediatras de la AEP creen que se ha conculcado este derecho. En países donde no se aconseja la vacunación, si bien las tasas de inmunización privadas son más bajas que las españolas, no se ha llegado a obstaculizar la compra del medicamento en las farmacias, apunta Gil de Miguel.
Pero tampoco ha sucedido en casos similares en España, como con la vacuna del neumococo Prevenar. Este fármaco está fuera del calendario común y solo se administra en la red sanitaria pública de Galicia. Como sucede con la vacuna Varivax, numerosos padres de otras autonomías la compran en el canal privado. Y, sin embargo, Sanidad no ha bloqueado la distribución del fármaco.
El objetivo final que persiguen tanto el Ministerio de Sanidad como las sociedades que se oponen a su postura sobre la varicela es el mismo: conseguir un calendario vacunal único. Pero por caminos diferentes. Sanidad aspira a alcanzarlo igualando a las autonomías a la baja (como prevé el calendario común de 2014) y los pediatras y el resto de sociedades, al alza (en el caso de la varicela, extendiendo la cobertura infantil en toda España según el modelo actual de Navarra y Madrid).
Quizás la solución llegue con la vacuna tetravírica en la que trabajan varios laboratorios y que podría estar en el mercado en uno o dos años. Es una mejora de la triple vírica (rubeola, sarampión, paperas) que incluiría también la varicela, y que se administraría conjuntamente en la misma dosis. “Sería lo ideal”, comenta Gil de Miguel.
Nota del Editor: Ver más sobre este tema en Agencias Reguladoras y Políticas, bajo Políticas en Europa



Compras



Costa Rica. Caja frena festín con compras urgentes

Luis Edo Díaz,



La Nación, 19 de octubre de 2013

http://tinyurl.com/pxwj45f


Las compras urgentes de medicinas cayeron estrepitosamente en la CCSS desde el año 2012. Mientras en el 2010 y 2011 la entidad realizó 67 y 53 compras de ese tipo, respectivamente, para el 2012 sólo se hicieron 21. Y, al primer semestre de este año se contabilizaban apenas 10.
Las compras urgentes son los mecanismos que usa la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para adquirir insumos médicos de forma expedita ante un desabastecimiento. Se acude a ese procedimiento cuando quedan muy pocas existencias de un medicamento, algo que, en un sistema logístico ideal, no debería ocurrir.
El proceso es menos exigente que una licitación pública ordinaria; por eso puede terminar con precios más altos y la selección a dedo del proveedor. El cambio en las cifras coincide además con una serie de reportajes publicados por este diario sobre supuestas anomalías en varias adquisiciones de medicamentos en la Caja .
De acuerdo con información de la Gerencia de Logística de la CCSS, mientras en el 2011 se gastaron Ȼ460 millones (1US$= Ȼ498,80) en procesos de compras urgentes, en lo que va de este año el monto decayó a unos Ȼ108 millones.

España. Sanidad pone en marcha la compra centralizada de inmunosupresores y epoetinas



El Global.net, 18 de octubre de 2013

http://tinyurl.com/otxeukf


El Consejo de Ministros celebrado el 18 de octubre ha autorizado un nuevo acuerdo marco para la compra centralizada de medicamentos inmunosupresores con diez comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), responsable de la gestión de la sanidad en Ceuta y Melilla y dependiente del Ministerio de Sanidad, así como los ministerios de Defensa y de Interior. A este acuerdo hay que sumar otro para la compra de epoetinas, indicadas para la anemia asociada a insuficiencia renal y para la anemia en pacientes en quimioterapia.
El valor estimado para la adquisición de estos productos es de €370,07 millones para un año, aunque, teniendo en cuenta la posibilidad de que prorrogue por un año, se calcula en €666,1 millones. El ahorro previsto, dando por hecha la prolongación del acuerdo, será de €14,66 millones. En lo que tiene que ver con las comunidades adheridas, el Ministerio de Sanidad ha confirmado la participación de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, además del Ingesa.
Por otro lado, el valor estimado de las adquisiciones en el primer año asciende a €6,02 millones, que se convertirían en €10,8 millones si se consuma la prolongación del acuerdo. El ahorro estimado para los dos años sería de €2,65 millones. Tal y como ha confirmado el Ministerio de Sanidad, las comunidades que se han adherido, además del Ingesa, son Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura y Murcia, así como el Ministerio de Defensa.
Además de los beneficios que se podrían obtener en materia de ahorro, Sanidad ha destacado que la compra centralizada "favorece la homogeneización de productos y medicamentos utilizados en el Sistema Nacional de Salud". Asimismo, "contribuye al establecimiento de estándares de calidad comunes en todo el SNS, lo que supone una mejora de la calidad y la equidad". Y, por último, "supone una garantía para las empresas suministradoras, al propiciar la estabilidad del mercado mediante un escenario de contratación común. En particular, en relación a los tiempos de pago". En este sentido, expertos en contratación pública han advertido que, pese a las buenas intenciones del Gobierno, no se dan las condiciones, desde el punto de vista legal, para garantizar dicho cumplimiento.

Las dificultades y la complejidad de la compra de medicamentos en Honduras: ahorros en medio de desabasto y corrupción

Salud y Fármacos



Noviembre 2013
Según información que ha aparecido en la prensa de Honduras, la licitación que inició el Ministerio de Salud en mayo de este año de L500 millones (1US$-L20,52) para la compra de medicamentos ha sido suspendida en noviembre porque los precios son superiores a las que se han estado comprando por fideicomiso. Según El Heraldo: “La decisión fue conocida ayer [4 de noviembre] en sesión de Consejo de Ministros mediante un informe presentado por el secretario de Salud, Salvador Pineda, al presidente Porfirio Lobo. ‘La exministra, doctora Roxana Araujo, inició en el mes de mayo una licitación para compra de medicamentos, la cual la teníamos lista para adjudicar la semana pasada e hicimos un estudio, un análisis de los precios que teníamos en esa licitación comparado con los precios que hemos obtenido por la compra a través del fideicomiso y encontramos que había una diferencia de varios millones de lempiras’”, dijo [1].
Según Pineda: “Nosotros consideramos que no le convenía al Estado seguir comprando a través de esa licitación y aprovechando lo que nos permite la Ley de Contratación del Estado, un artículo que dice que cuando hay algo que va contra los intereses del Estado puede declararse fracasada, así que eso lo utilizamos, declaramos fracasada esta licitación”. Y añadió: “El ahorro es importante, no puedo dar un dato exacto, pero son 179 productos, de 56 creo que se podían comparar en ese momento el ahorro ya iba en L26 millones”. Pineda informó que se están vigilando varios hospitales del país en donde existen indicios de fuga de medicamentos, al mencionar el caso de un centro asistencial que recibió 20.000 tabletas de un medicamento y a los tres días ya no había en existencia [1].
En agosto la Secretaría de Salud adjudicó una compra de L100 millones para las farmacias de los hospitales públicos a través de un fideicomiso con la banca privada. A esta licitación se presentaron 21 empresas. El presidente Porfirio Lobo explicó que se había creado una comisión para garantizar que se consiguieran “los mejores precios”. Según el presidente más adelante se hará otra licitación para comprar más medicamentos por L300 millones. Para esta fecha, agosto, el presidente era sin duda consciente que en el país había una gran corrupción en la compra de medicamentos y por ello pudo explicar: “Lo que ha habido en Salud es terrible, ha sido un hoyo de corrupción a través de los gobiernos, estamos poniendo orden en eso y el lunes en un fideicomiso con un banco ya se adjudica, ya tenemos la licitación, ya se recibieron las ofertas” de las 21 empresas [2]. Y añadió que había habido un “latrocinio” al interior del sistema sanitario. “Aquí se termina lo que muchos vendían pero solo en papeles verdad, no entregaban nada y muchos entregaban en las bodegas y ya vieron el relajo de las bodegas y las bodegas que la Fiscalía encontró en diferentes lugares, entonces quiere decir que lo que ha habido es un latrocinio enorme, así que estamos poniendo fin a esto” [2]. La carencia de medicamentos en los hospitales y centros de salud públicos fue la razón por la que la ministra de salud Roxana Araujo fuera removida del cargo.
De acuerdo a declaraciones oficiales reportadas en la prensa, la compra de medicamentos a través de las licitaciones por fideicomiso ha conseguido ahorrar casi un 50%. Según el ministro de salud el gobierno compró L96 millones de medicamentos y en el proceso se ahorró L89 millones [3]. “Es histórico para Honduras y el sistema sanitario, pues hemos logrado ahorrarle L89 millones”, explicó el ministro.
A pesar de todas estas buenas noticias, los problemas de abastecimiento de los hospitales en agosto seguían sin solucionarse y las deudas a las droguerías sin pagarse. La Tribuna informó que el presidente de la Asociación Nacional de Droguerías del país había dicho que el gobierno debe a las droguerías más de L200 millones [4]. “Nos hemos enterado que a algunos les han abonado, pero lo que buscamos es el pago de las licitaciones viejas y de lo que deben los hospitales públicos, como el Hospital Escuela, que antes se lo entregaban a la Universidad y hay una deuda que no la han tramitado”, explicó el presidente de la Asociación.
Cenia Velásquez, presidenta del Centro Básico de Salud Continua afirmó que en el país hay [en agosto] un desabastecimiento de medicamentos de un 50%. El desabastecimiento de los hospitales varía desde un 30 a un 100% [4]. El presidente de la Asociación Nacional de Droguerías de Honduras, Fuad Hasbun, dijo que el gobierno les adeuda más de L200 millones (1US$=L20,52) y alertó que no participarán en las licitaciones públicas, porque existe una incertidumbre sobre el pago [4].
El ministro de salud explicó que la falta de medicamentos correspondía a que una licitación había quedado desierta y afirmó que el problema se solucionaría pronto en septiembre, una vez que la licitación preparada en mayo por la exministra “que está en proceso y que llevará medicamentos a los hospitales” se complete. Es difícil entender como el ministro afirmara que se podía llevar a cabo esa licitación en esas fechas ya que no fue hasta noviembre cuando se terminó de preparar. Es difícil pensar que el ministro estuviera tan poco informado del estado de preparación de una licitación de tal cuantía [500 millones], ni de las razones de que llevara tanto tiempo su preparación.
En noviembre el ministro volvía, una vez más, a asegurar a los hondureños que pronto se acabaría la falta de medicamentos en el sector público: “Ya hemos iniciado los trámites para comprar esos medicamentos a través del fideicomiso, que genera ahorros importantes de varios millones de lempiras para el Estado. Podría ser que en unos 12 o 15 días podríamos estar adjudicando a través del fideicomiso esos medicamentos, son 179 medicamentos más y eso abastecería más las unidades sanitarias del país y le ocasionaría un importante ahorro al Estado. El ahorro es importante, no puedo dar un dato exacto, pero son 179 productos, de 56 creo que se podían comparar en ese momento el ahorro ya iba en L26 millones” [1].
El tiempo dirá si las promesas quedaron en promesas y en medicamentos en los servicios de salud públicos.

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